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viernes, 8 de mayo de 2009

Se inicia la nueva ley que “reserva al Estado los bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos”



A partir de hoy Viernes 08 de Mayo 2009, se inicia la aplicacion de la nueva ley que “reserva al Estado los bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos” fue aprobada por mayoría por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo.


Concretamente, el Estado, vía la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) o una filial, pasará a controlar las empresas de inyección de agua, vapor o gas y las que trasladan trabajadores y prestan servicios en la zona del lago de Maracaibo (oeste), explicó por su parte el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez.

“Estamos renacionalizando actividades que en el pasado eran propias de la nación y que un momento de la apertura petrolera fueron privatizadas”, dijo el funcionario.

Cuando la ley se publique mañana en Gaceta Oficial, se especificará exactamente qué empresas pasarán a pertenecer al Estado y se les indemnizará.

Hasta este jueves, la ley de hidrocarburos vigente en Venezuela únicamente reservaba al Estado las actividades de exploración y producción.

“Hay unos sectores conexos que son indispensables para garantizar la producción petrolera en nuestro país. Por ejemplo (en) el Lago de Maracaibo, si no tenemos control de las lanchas y las embarcaciones, no hay manera de que produzcamos petróleo”, afirmó Ramírez.

Asimismo, la nueva ley servirá para regular las relaciones entre las empresas y los trabajadores, según el ministro de Energía y Petróleo, ya que miles de empleados pasarán a depender exclusivamente de PDVSA y no de las empresas contratistas, que según el responsable “incumplen” sus compromisos laborales. Actualmente las empresas contratistas del sector petrolero dan trabajo a 20.000 personas.

También quedarán extinguidos de pleno derecho, en virtud de dicha Ley, los contratos celebrados en los sectores regulados por la Ley.

Partido Podemos cumple seis años


En la celebración del sexto aniversario “Podemos cumple seis años en la esperanza del pueblo venezolano” dijo el secretario general de esta tolda política, Ismael Garcia, con la realizaron brindis tradicional y un análisis del panorama político nacional.

En peligro la existencia de las OGN(organizaciones no gubernamentales) en Venezuela



Importantes organizaciones no gubernamentales de Venezuela advirtieron el jueves que una ley que preparan los legisladores leales al presidente Hugo Chávez podría ser utilizada para sofocar financieramente a los grupos que critiquen al gobierno.

Los legisladores que apoyan al gobierno alegan que el nuevo proyecto de ley es necesario para aumentar la supervisión de los fondos extranjeros destinados a las organizaciones no gubernamentales (ONGs), aunque se comprometieron a escuchar las preocupaciones de sus adversarios antes de redactarla para su posible aprobación en los próximos meses.

Un proyecto de ley señala que las donaciones extranjeras para las ONGs ya no serían enviadas directamente a las agrupaciones sino serán depositadas en un fondo controlado por el gobierno y las autoridades distribuirían el dinero como consideren conveniente.

La ley daría al gobierno poder discrecional para restringir el trabajo de algunas ONGs o eliminarlas”, señaló Feliciano Reyna, director de Sinergia, defensor de derechos humanos, en declaraciones a los periodistas. Liliana Ortega, que dirige Cofavic, un grupo de derechos humanos, expresó su preocupación, alegando que “se pone en peligro la existencia de las organizaciones que son incómodas para el gobierno”.

Reina dijo que decenas de ONGs de Venezuela
dependen casi enteramente de la financiación de organizaciones y gobiernos extranjeros. Gran parte de los recursos de Sinergia proceden de la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y de Canadá.

El proyecto de ley fue redactado por la Asamblea Nacional que predominantemente favorece a Chávez, y fue en parte una respuesta a la preocupación de que algunas organizaciones podrían estar usando fondos extranjeros en sus esfuerzos para debilitar al gobierno. “Vamos a oír todas las opiniones de todas las organizaciones que tengan alguna observación”, destacó el legislador Roy Daza en una entrevista con The Associated Press.

Daza, presidente del comité de política extranjera de la asamblea, dijo que la ley sería sometida a “una revisión” antes de convocar a una votación final, la cual tendrá que ser programada.

“La política de Súmate es una intervención del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela, algo que debe cesar”, afirmó Daza. El mandatario y sus aliados en el Congreso han centrado reiteradamente muchas de sus críticas en Súmate, un grupo sin fines de lucro que ayudó a organizar un referendo en el 2004 sobre la permanencia de Chávez en el cargo.

La directora de Súmate, María Corina Machado, calificó a la ley de ‘peligrosísima’, señalando que “es un mecanismo para acallar voces que tengan gran credibilidad dentro y fuera del país”. Su organización de observación electoral ha recibido 31.000 dólares de la Junta Nacional para la Democracia que financia el gobierno estadounidense y otros donantes, a fin de organizar cursos de educación electoral.

A Machado le preocupa que Súmate pueda ser excluida del registro creado en cumplimiento de la ley y por lo tanto le negaría autorización para continuar trabajando. Agregó que Súmate desafiaría la ley en la Corte Suprema si fuese aprobada.

“Estas organizaciones tienen que ser autónomas y la forma de financiarse a través de la cooperación internacional les permite ser autónomas”, dijo Machado a la AP en una entrevista en la oficina del grupo en Caracas.

El legislador Carlos Escarrá, que respalda a Chávez, indicó que era demasiado prematuro para determinar cómo la ley podría afectar el trabajo de las organizaciones. Pero agregó que Súmate tiene razón para preocuparse.

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